Las políticas de descentralización y desconcentración sirven a los Ayuntamientos para acercar y facilitar a los vecinos sus relaciones con la administración local. Existen otras herramientas para conseguir que la ciudadanía participe en la elaboración de las políticas sociales e incluso económicas de una cuidad. Si el 12 se celebrara hoy, tanto el Ayuntamiento como el Consorcio para el Bicentenario, suspenderían con muy baja nota en cuanto a participación. Quince años gobernando en la ciudad, por parte de Partido Popular, han servido para ver que su política participativa se reduce al uso discriminatorio de los colectivos sociales sólo por ser propensos o contrarios a sus siglas. Un escenario muy pobre para un gobierno que aspira a convertirse en dos años en fuente de inspiración democrática. Los reglamentos de participación ciudadana, el defensor del vecino, los presupuestos participativos y tantas otras iniciativas llevadas a cabo en España calan poco en un gobierno acostumbrado a hacer lo que le da la gana, incluso despilfarrar el dinero de los gaditanos como pasó con los 100 millones de pesetas gastados para demostrar que en Cádiz hay 15.000 fantasmas. Lo único digno de mención al respecto es la descentralización realizada a través de esos cuatro distritos y donde la acción se reduce a la presencia una vez a la semana de un concejal que recoge quejas vecinales, pero de efectividad poca.
En el otro lado de la balanza, encontramos el Consorcio para el Bicentenario que es incapaz de generar las sinergias suficientes para que la ciudadanía sea la verdadera participe de la conmemoración. Sus dos grandes acuerdos con la Universidad y con la Prensa no han generado los resultados esperados. Ni una apuesta por un foros sociales en torno a lo que representa una constitución democrática en la garantía de derechos humanos y sociales, ni la integración de la propia ciudad a través de su tejido social, hace que los gaditanos vean al PSOE incapaz de elaborar un discurso diferente al municipal en esta materia. No vale con salir a la calle y protestar al lado de los vecinos, hay que plantear propuestas políticas de calado.
Cádiz merece más, mucho más, y el 12 era la mejor apuesta para dar el salto cualitativo que la ciudad necesita de cara a enfrentar los retos de futuro en una sociedad más globalizada y dependiente. Cádiz tiene el derecho de enarbolar la bandera constitucionalista porque ondea desde entonces en medio mundo, pero también tiene el deber de convertirse una vez más en el referente de un nuevo derecho: La participación de la sociedad civil en la toma de decisiones.
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